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Los representantes de los gobiernos europeos y las organizaciones de Economía Social reunidos en este encuentro internacional coincidieron en subrayar la "necesidad de generar desde la Unión Europea y los estados miembro medidas que generen un entorno favorable al desarrollo de las empresas de Economía Social, en sus múltiples expresiones", y apuntaron que se debe tener en cuenta al sector en los programas europeos destinados a la investigación, la innovación, el desarrollo regional y la cooperación al desarrollo.
Por su parte, las organizaciones de la Economía Social demandaron que la Estrategia UE2020 incluya expresamente a las empresas de Economía Social, y que las directrices para el empleo reconozcan a las cooperativas y empresas laborales como fuente importante de creación de puestos de trabajo. También solicitan que, dentro de la iniciativa relativa a crear una Plataforma Europea contra la pobreza, el sector se incluya expresamente como un actor que genera oportunidades de empleo para las comunidades más desasistidas.
Por su parte, los Estados miembro y las instituciones europeas apuntaron su determinación a seguir manteniendo el desarrollo de la economía social en futuras presidencias europeas, y consideraron importante "coordinar estas actividades entre la Comisión Europea, el Intergrupo de la Economía Social en el Parlamento Europeo y la Categoría de la Economía Social del Comité Económico y Social Europeo". Asimismo, señalaron la necesidad de reforzar los mecanismos estadísticos del sector y "establecer un marco jurídico europeo que reconozca los componentes de la economía social". La futura Ley de Economía Social en España, que previsiblemente entre en trámite parlamentario pasado el verano y cuyo borrador ya está redactado, quedó como un referente para la generación de otras legislaciones en el resto de Estados de la UE.
Durante la reunión, a la que asistieron más de 500 personas provenientes de 20 países distintos, y que fue una de las conferencias oficiales más concurridas de economía social en el ámbito europeo, se debatieron además diversos temas como las dificultades que existen entre los Estados miembro para definir "economía social" y la necesidad de dar una mayor visibilidad a un sector que en España agrupa a cooperativas, fundaciones y sociedades laborales, representando al 16% del PIB español.
Juan Antonio Pedreño, presidente de la confederación de economía social, Cepes, y de la confederación de cooperativas de trabajo, Coceta, puntualizó que "ha llegado el momento de poner en valor a las entidades que forman la economía social y que representan que otra manera de hacer empresa es posible, que se puede compatibilizar la rentabilidad económica con el compromiso con las personas, y que valores como innovación, sostenibilidad o solidaridad tienen cabida en la gestión empresarial".
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