Medidas sociales en defensa del empleo

15. mayo 2020 | Por | Categoria: circulares, Novedades Socios
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Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo

Erte por fuerza mayor.

  • Continuarán en situación de Erte por fuerza mayor total derivada del COVID-19, aquellas empresas y entidades que contaran con un expediente de regulación temporal de empleo basado en causas de Fuerza Mayor (artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,) mientras duren las mismas y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020.
  • Desde el momento en el que comiencen la recuperación parcial de su actividad, se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19, aquellas empresas y entidades que cuenten con un expediente de regulación temporal de empleo autorizado por Fuerza Mayor (artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo), hasta el 30 de junio de 2020.

Recuperación Parcial significa proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

Las empresas deberán

  • Comunicar a la autoridad laboral la renuncia total al expediente de regulación temporal de empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella.
  • Comunicar previamente al Servicio Público de Empleo Estatal de las variaciones de las personas que se refieran
    • a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas,
    • al porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas.

Erte por ETOP comunicados a partir del desconfinamiento.
(Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas Económicas, Técnicas, Organizativas y de Producción)

  • A los ERTES basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción iniciados desde el 13 de mayo y hasta el 30 de junio de 2020, les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con las especialidades recogidas en este precepto.
  • La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo y si se inicia tras la finalización de un expediente temporal de regulación de empleo basado en la causa prevista por Fuerza Mayor se retrotraerá a la fecha de finalización de este.

Protección por desempleo.

  • Las medidas de protección por desempleo previstas para esta situación de COVID-19, resultarán aplicables hasta el 30 de junio de 2020.
  • Las medidas extraordinarias en materia de protección de los trabajadores fijos- discontinuos, resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020.

Las empresas de más de 50 personas trabajadoras y entidades que se acojan a los ERTES de fuerza mayor que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos, no podrán proceder al reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los expedientes de regulación de empleo, excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social (antes no se podía en ningún caso y la prohibición era ese ejercicio y el siguiente).

Cotización en erte.

Si la empresa decide ir incorporando al trabajo a personas en ERTE, se bonifica a los trabajadores que se reincorporen al trabajo, penando en este caso a los que se queden en ERTE. Las bonificaciones quedan de esta manera

Mediante acuerdo de Consejo de Ministros se podrá establecer una prórroga de los expedientes de regulación de empleo, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegadoel 30 de junio de2020

Salvaguarda del empleo.

  • Las medidas extraordinarias de mantenimiento del empleo sólo se aplicarán a las causas previstas para Fuerza Mayor, (artículo 22 del real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo), y estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla.
  • Este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes.

No se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo- discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo.
En el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

  • Este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.
  • No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
  • Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar.»

Entrada en vigor y vigencia.
Este real decreto-ley entra en vigor el 13 de mayo de 2020, manteniendo su vigencia durante el estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus posibles prórrogas.
A excepción donde finalice su vigencia hasta el 30 de junio de 2020.

Adjuntamos enlace al Real Decreto 18/2020, del 12 de mayo.Medid

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